15 mar. 2011

Partido Andalucista los unicos que miramos por los más necesitados en tiempos de crisis

MOCIÓN PARA LA REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA QUE PROTEGE A LOS BANCOS Y CASTIGA A LAS FAMILIAS

En los tres últimos años 350.000 familias en el estado español han perdido sus viviendas al no poder pagar su hipoteca. De ellas, 75.000 son andaluzas. Las familias que no pueden pagar porque están en el paro y no encuentran empleo, tienen que seguir pagando la hipoteca y buscar una vivienda de alquiler. No es necesario decir que sin encontrar empleo es “imposible” pagar la hipoteca y además pagar un alquiler. La Ley Hipotecaria actual permite que ante una deuda vencida de una familia con la entidad bancaria, la vivienda se subaste, se adjudique por la mitad de su valor y además, que el deudor siga pagando la hipoteca, a pesar de no tener propiedad, que ya es del banco.



En los tres últimos años 350.000 familias del estado español han perdido sus viviendas al no poder pagar su hipoteca. De ellas, 75.000 son andaluzas.
Estas familias pagaban puntualmente sus cuotas mensuales hasta que el paro y la terminación de las ayudas al desempleo hizo mella en sus hogares. Y siguieron abonando las cuotas de sus hipotecas hasta que sus padres y hermanos dejaron de ayudarles porque ellos también están llegando al límite de apoyo. Esta crisis económica que han generado la avaricia de la banca y la connivencia de los poderes públicos establecidos, va a seguir favoreciendo que en los próximos dos años, otras 150.000 familias pierdan su casa y estas pasen a propiedad de los bancos. Pero además deberán seguir pagando la hipoteca de una vivienda que ya es del banco.
El crédito hipotecario a día de hoy de las familias es, aproximadamente, de 650.000 millones €. Una parte significativa de esa deuda hipotecaria pertenece a familias que están al límite de la subsistencia económica, y que lógicamente atiende las necesidades de supervivencia antes que pagar la hipoteca.
En el año 2002, la deuda del sector inmobiliario con los bancos y cajas de ahorros que acudieron al pastel del ladrillo con un ímpetu desmesurado, era de 85.000 millones €. En julio de 2010 la deuda es de alrededor de 450.000 millones €.
Pero esos 450.000 millones € de deuda de las constructoras y promotoras con los bancos y cajas son los mismos 450.000 millones € que deben los bancos y cajas españolas a los bancos europeos. Es decir, los bancos y cajas financiaban “el milagro español” del ladrillo con dinero prestado por los bancos europeos.




Cuando Zapatero se ufanaba que el estado español se construían más viviendas que en Alemania y Francia juntas, se estaba gestando el diferencial del impacto de la crisis en los distintos países europeos. El desempleo en Europa es mucho menor en el resto de países que en el estado español porque ellos no han creado un monocultivo del ladrillo, creado artificialmente. Evidentemente las necesidades de vivienda no eran ni mucho menos las 4.770.000 viviendas construidas entre 2002 y 2007. Ni mucho menos. Era una oferta artificial producto de un proceso puramente especulativo. Hoy día, el stock de viviendas puede estar más cerca de los 2.000.000 de viviendas que de las 800.000 que reconocen los bancos y el gobierno.
Estos bancos y cajas concedían préstamos con una facilidad inaudita, a familias con contratos precarios y temporales, a 30, 40 y 50 años. Y estos bancos quieren ahora que se ejecute en todos y cada uno de los casos la Ley Hipotecaria actual.
Esta Ley, permite que ante una deuda vencida de una familia con la entidad bancaria, la vivienda se subaste, se adjudique por la mitad de su valor que evidentemente estaba inflado por la espiral especulativa y además, que el deudor siga pagando la hipoteca, a pesar de no tener propiedad, que ya es del banco.
Las familias que no pueden pagar porque están en el paro y no encuentran empleo, tienen que seguir pagando la hipoteca y buscar una vivienda de alquiler. No es necesario decir que sin encontrar empleo es “imposible” pagar la hipoteca y además pagar un alquiler. Lo que conlleva que los miembros de la unidad familiar están al borde de una espiral que los lleve a la marginación social. Según datos del Consejo General del Poder Judicial las viviendas embargadas en los últimos 3 años ascienden a 350.000.
Y ante esta situación, que se va a ver agravada en los próximos 4 años, el gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, junto a los bancos y en connivencia con estos, sostienen que no se puede modificar la Ley Hipotecaria.
Mientras, a los bancos y cajas se les ayuda constantemente, de hecho es imposible de cuantificar los centenares de miles de millones de euros de ayudas de distinto tipo que han recibido del dinero público y los que van a seguir recibiendo. Pero sostienen que a las familias no se les puede ayudar cambiando la Ley Hipotecaria. Parecería que los bancos están por encima de las personas.
Esta situación se ha ido generando también, porque en el imaginario popular el acceso a una vivienda se entendía que era el acceso a la propiedad de la misma, no se ha potenciado en las últimas décadas el alquiler. Los jóvenes han aprendido la lección y escogen masivamente esta opción en sus preferencias sobre el acceso a la vivienda.



Esta práctica bancaria de embargar y subastar la vivienda atenta contra los principios del Estado Social y Democrático de Derecho: no es acorde al mismo que la persona que de forma involuntaria se vuelve insolvente además de perder su vivienda única, se quede con una deuda astronómica a causa de un descalabro financiero del que no es responsable.

Existen, como vemos, razones económicas, sociales, éticas y políticas para modificar la ley Hipotecaria, pero también existen razones jurídicas para ello, como son:
- La injusta legislación española en materia de hipoteca con cláusulas abusivas como “el suelo” de muchas hipotecas
- Una Ley Concursal 22/2003 que fomenta el colapso de familias hipotecadas. Se trata de una Ley MUY INJUSTA que fue elaborada en momentos de crecimiento económico: que sólo permite a las empresas que puedan liquidar sus deudas y empezar de cero, pero NO a las personas físicas.
- Ley de Enjuiciamiento Civil 1/200: que No facilita el ejercicio constitucional fundamental de la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de aquellas personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria. Y lo MÁS IMPORTANTE: cuando la subasta del inmueble como garantía de la deuda hipotecaria queda desierta el acreedor del préstamo puede adjudicarse hasta el 50% de su valor sin perjuicio del cobro de la deuda pendiente. Así las entidades financieras se adjudican inmuebles a mitad de precio y ADEMÁS siguen reclamando el pago de la deuda restante más los intereses y costas adicionales.



Desde el Partido Andalucista queremos aportar soluciones y propuestas que propicien las reformas legales, financieras y económicas necesarias para evitar que nuestros vecinos y vecinas que se vean privadas no sólo de un empleo digno si no también de su vivienda habitual sigan manteniendo una deuda con el banco y encuentren en su Ayuntamiento el asesoramiento y la ayuda necesaria.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Andalucista formulamos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al Gobierno central y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a que se adopten las siguientes medidas :
a) MODIFICIACIÓN DE LA REGULACIÓN HIPOTECARIA. ESTABLECER LA DACIÓN EN PAGO COMO UN DERECHO DEL DEUDOR. Que siempre nos quepa el derecho a entregar nuestra propiedad, liberándonos de la deuda.
b) MODIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA. Si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal más intereses) queda liquidada, al igual que ocurre en otros países de la UE. (Modificación artículo 693 LEC).
c) MORATORIA E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE PARALICEN LOS DESHAUCIOS, especialmente de las familias en situación de insolvencia sobrevenida o involuntaria.
d) IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MEDIACIÓN PREVIA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL, que contemple un sistema de pagos extraordinarios para familias insolventes y minimicen los embargos y desahucios.
SEGUNDO.- Creación en el Ayuntamiento de de una Oficina de Asesoramiento contra los embargos y desahucios de viviendas.
TERCERO.- Creación de una Comisión Mixta en la que participen representantes del Pleno municipal y asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de esta problemática. El objetivo de esta Comisión Mixta será el de buscar alternativas que eviten el desahucio y en caso de que se produzca es MUY IMPORTANTE garantizar el REALOJO DIGNO de las familias afectadas.