Seis familias de Isla Cristina sin trabajo y con serias dificultades económicas llevan nueve días apostados a las puertas de las oficinas provisionales del Ayuntamiento de Isla Cristina, en la avenida Parque de la localidad. A un lado, un hotel de cinco estrellas; al otro, la puerta del equipo de Gobierno local. En medio, seis dramas personales y familiares.
Félix Acosta Luis, que reside en una pedanía cercana, Pozo del Camino, se plantó el día 1 de diciembre en las puertas del consistorio. Cuando se enteraron de esta decisión los que habían compartido con Félix colas y esperas ante los despachos de funcionarios, técnicos y concejales decidieron unirse a él.
Están todos en el paro y quien no ha sido desahuciado, lo estará en breve. Todos pasan de los 40 años (excepto un joven de 21), viven en la misma ciudad isleña y habían estado trabajando en diferentes profesiones hasta que la crisis quiso fijarse en ellos para hacerles la vida imposible.
Se encuentran en las puertas del Ayuntamiento provisional (el edificio consistorial está en obras) para pedir un trabajo y para protestar “por cómo hemos sido tratados por los servicios municipales de Asuntos Sociales”. Lo hacen ante las puertas del consistorio porque dicen estar “hartos de las burlas de uno de los responsables municipales”, que, según el testimonio de estos isleños, “se ha reído de nosotros y nos ha mandado a la playa a coger droga”.
Esto último lo dice Félix, pero todos se quejan de situaciones “vergonzosas”, en palabras de los afectados. Por ejemplo, Rosa María Díaz Ramírez (40 años y madre de dos hijos de 6 y 3 años de edad) asegura que “me han echado de un curso de empleo impartido por el Ayuntamiento por gorda y me han dicho que me vaya para Huelva para que me den una paga por mi peso”.
Enrique Martín Canto (43 años, padre de dos hijos y abuelo de un nieto) expone que “un concejal me dijo que tenía un puesto para mí de mamporrero y cuando se lo dije a mi cuñado y me explicó lo que era eso volví al Ayuntamiento a decirle a ese concejal que no tenía por qué reírse de las personas. Me contestó que no era para ofenderse, que en la mili eso lo pagaban muy bien”.
Remedios Pérez Martín (40 años, divorciada y madre de cinco hijos) dice que “ese concejal me amenazó con quitarme a mis hijos cuando le dije que no tenía comida para alimentarnos. Luego puso sobre la mesa un paquete de zumo”.
Para no mojarse con la lluvia estas personas instalaron un plástico, amarrándolo a dos farolas. El martes, la Policía Local de Isla Cristina no sólo retiró el plástico; también los multó, abriendo “acta denuncia por incumplimiento de la ordenanza municipal de regulación de autocaravanas”, según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción. Se les acusa de “acampar” a las puertas del Ayuntamiento, donde han colocado seis sillas sobre la acera, en la que se sientan bajo varios paraguas.
Se quejan Félix y el resto de manifestantes que “la alcaldesa no nos ha atendido, a pesar de habérselo solicitado meses antes de que nos plantásemos aquí”.
Incluso, se les niega “poder orinar en las instalaciones del Ayuntamiento”, tal y como comprobó esta redacción ayer. Las instalaciones municipales estaban abiertas, a pesar de ser día festivo, y, ante la negativa a acceder al interior del edificio, la única opción que les queda es ir a un pinar contiguo al citado hotel de cinco estrellas. “Llevamos así día y noche, más de una semana” a la intemperie o metidos en una furgoneta propiedad de Félix, donde hacinados intentan calentarse en estas frías noches de diciembre, que en Isla Cristina, en días de vendaval, son especialmente duras.
Esta situación está haciendo mella en la salud de estas personas. Rosa María Díaz temblaba ayer, con el frío y la humedad metida en el cuerpo. Durante la entrevista, rompió a llorar, desesperada. Félix, por su parte, ha pasado tres veces por Urgencias, con ataques de ansiedad. Cáritas les está ayudando con alimentos y mantas. Ellos dicen que “no queremos caridad, sino trabajo”.
“Pido un trabajo decente, sin que me digan que mejor vaya a coger droga”. Félix Acosta Luis está dispuesto a donar un riñón. A sus 43 años se encuentra en el paro. Su esposa, María del Carmen Cruz Luján, de 41 años, también. Están “hartos de ir para nada” a la oficina de Asuntos Sociales de la localidad. Han decidido plantarse en la puerta de la localidad “por desesperación y pensando en nuestras hijas”, de 12, 17 y 22 años. Esta última tiene, a su vez, una hija, y está también en paro.
Félix se puso desde el primer día en huelga de hambre, pero al quinto los servicios médicos de la localidad le aconsejaron “que corría peligro” y, convencido por su esposa, Félix desistió.
Pero su protesta ha seguido para llamar la atención o bien de la alcaldesa, María Luisa Faneca (PSOE), “a quien le he pedido demasiadas veces ya que me atienda y no lo hace”, o bien de empresas que estén dispuestas a contratar a Félix o a Mari Carmen, con riñón o sin él.
Se siente “discriminado” y denuncia “el abuso” de un responsable municipal [da nombre y apellidos y cargo de esta persona, pero su esposa nos pide omitir esta información], quien, según Félix, “me dijo que si no tenía trabajo me fuera a coger droga a la playa”, algo que para él es “ofensivo”, porque “soy una persona decente”, que antes de estar en paro conducía el camión de la basura.
“Un concejal se burló de mí diciéndome que me iba a dar un trabajo de mamporrero”. Enrique Martín Canto es de Isla Cristina y tiene 43 años. Es padre de dos hijos, una de 19 años (madre soltera y en paro). Su mujer sufre un discapacidad sensorial auditiva, por lo que recibe poco más de 300 euros, y otros tantos por la Ley de la Dependencia. En total, 679 euros (nos muestra su cartilla del banco con todos sus ingresos y movimientos) con los que pagan una hipoteca de 562 euros. Los poco más de 100 euros restantes, “para luz, agua y comida”.
Enrique no cobra paro, “porque era autónomo”. En 2007, montó una frutería, pero el negocio se fue a pique “por el alquiler del local y los impuestos, que no me dejaban apenas ingresos”. Antes había trabajado como operario de mantenimiento en comunidades de propietarios en Islantilla.
“En la Concejalía de Asuntos Sociales sólo me han dado un cheque de 50 euros y me dijeron que me iban a pagar la luz, se quedaron con dos recibos, y luego la Sevillana nos cortó la luz”, relata Enrique, que dice sentirse “engañado” y “humillado”.
Esto último debido a “las burlas de un concejal, que me dijo que me iba a dar trabajo de mamporrero”. Enrique dice que se lo creyó, “pero mi cuñado me dijo de qué se trataba y que se había quedado conmigo”. Enrique dice que “no tienen por qué reírse de las personas”.
“Tengo cinco hijos y un concejal me dijo que los alimentara con un bote de zumo”. Remedios Pérez Martín, es de Isla Cristina y aquí vive. Tiene 40 años y es madre de cinco hijos, de 20 meses y 4, 8, 12 y 14 años de edad. Está divorciada y vive, junto a su pareja sentimental, con sus padres. Éstos “reciben un pensión mínima” y su pareja “está en paro, sin ayudas, porque sólo lo contrataron por 20 días”.
Dice Remedios que “son las maestras del colegio las que le dan la merienda de su bolsillo a mi hijo de cuatro años” y agradece “la ayuda que nos presta el cura de la parroquia, que paga también de su bolsillo nuestra comida y los pañales de mi hijo”.
Remedios duerme con su pareja y su bebé “en una cama de 80” y el resto de sus hijos en “un sofá–cama”, que compraron “con un cheque de 900 euros que me dio el Ayuntamiento”. Según Remedios, “me costó 600 euros y fui al Ayuntamiento a devolver lo que me sobró y me dijeron que con ese dinero llenara el frigorífico de mi casa”. Y eso hizo.
Pero “fue la única vez que me ayudaron”. Luego, según su testimonio, en el despacho de un concejal, éste le habría “puesto un bote de zumo encima de la mesa para que alimentase a mis hijos” y “sólo fui a pedir trabajo”.
Considera que “ese trato es humillante”. Además, “el mismo concejal me amenazó con quitarme a mis hijos si no tengo con qué alimentarlos”.
“Vivimos en casa ocho personas y quiero que me den el trabajo que tenía mi hermano”. Ana Núñez García, de 43 años, es de Isla Cristina y también vive en el pueblo. Es madre de cuatro hijos de 13, 21, 22 y 26 años. Su hija de 22 años es, a su vez, madre de un niño de cuatro años. Todos en la casa están en paro, incluida la pareja de Ana, al que le quedan dos meses de ayuda.
Todos viven con los padres de esta mujer, que se ha dedicado durante tres veranos consecutivos “al mantenimiento y vigilancia de las duchas de la Playa Central”, puesto que este año no ha desempeñado.
Sin derecho a paro, también ha acudido al área de asuntos sociales, pero “desde que gobierna el PSOE en el pueblo no hay ayuda de nada y antes con el PA sí había”, asegura Ana Núñez.
Esta mujer quiere que “me den un trabajo en el Ayuntamiento” y especifica que “el puesto que tenía mi hermano, que murió hace poco, es el que deberían darme a mí, ya que fue la última voluntad de él”. Explica que “aquí en el pueblo se le ha dado siempre que fallecía alguien su trabajo a un familiar con necesidad”, pero “en el Ayuntamiento me dicen que los trabajos no se heredan”.
“Somos muchas bocas para comer y encima mis hijos no pueden ir con el taladro [rastro] a mariscar porque está prohibido y ponen multas y con eso siempre hemos podido tirar aquí para adelante”, añade.
“Tengo 21 años, tres hijos, estoy en paro, sin ayuda y con una discapacidad de un 35%”. Alejandro Cruz González, también es de Isla Cristina y aquí vive. Tiene 21 años y es padre de tres hijos: dos de su esposa actual (los niños tienen un mes y tres años) y de una pareja anterior (una hija de 4 años), a la que “le paso una manutención de 120 euros”.
Alejandro está en paro y en enero dejará de percibir los 426 euros de ayuda por desempleo. Tiene una discapacidad de un 35% y “no me puedo ‘ajotar’ ni a mis padres ni a mis suegros, ya que tanto mi esposa como yo estamos solos, sin ayuda de nadie”, expone.
Dice que “vivimos de alquiler, pero en el Ayuntamiento me han dicho que hasta que no cumpla los 22 años no puedo solicitar la ayuda al alquiler”, donde también, según su testimonio, “me dijeron que me iban a pagar la fianza, pero luego me mandaron a que se la pidiera a un vecino, que no había dinero en el Ayuntamiento para nosotros”.
“No tenemos para pañales y mi mujer no puede buscar trabajo porque está dándole el pecho al bebé y no tenemos con quién dejarlo”, expresa.
Dice que no pide dinero, “sino un trabajo” y se queja de que “en los campos no me contratan porque dicen que los españoles no queremos ir los domingos, que por eso tienen preferencia los extranjeros”. Antes, ha trabajado de albañil, jardinero y carpintero.
“En el Ayuntamiento me han dicho que vaya a Huelva a pedir una ayuda por gorda”.Rosa María Díaz Ramírez (natural de Isla Cristina, 40 años) y Francisco Vázquez Maqueda (de Carmona, Sevilla; 41 años) tienen dos hijos, de 3 y 6 años de edad. Tanto Rosa como Francisco están en paro.
Dice Francisco que “a mi esposa le han dicho en el Ayuntamiento que es gorda para trabajar, que le puede dar un infarto” y Rosa añade que “me dijeron que fuera a Huelva para ver si me daban una ayuda por estar gorda”. Rosa nos pregunta: “¿Es cierto eso, que por estar gorda me pueden dar una subvención?”. Dice Rosa que “también me echaron de un curso de empleo del Ayuntamiento por mi peso, porque no me podía subir a una escalera”.
El 11 de noviembre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Ayamonte ejecutó la orden de subasta de su piso. No han podido hacer frente a su pago y eso que “salimos en España Directo”, en TVE, “por si alguien nos podía ayudar”.
Ahora “no tenemos donde ir, por lo que nos iremos con nuestros hijos a la calle”, dice Francisco, mientras Rosa tiembla de frío, después de nueve días a la intemperie, protestando a las puertas del Ayuntamiento. Cuando su marido dice que se van a ver en la calle con sus hijos, Rosa rompe a llorar.
“Le hemos pedido a María Luisa Faneca que nos atienda, pero no ha querido escucharnos”, aseguran.
